ISDS (Investor-State Dispute Settlement)

El ISDS es un sistema a través del cual los inversores pueden demandar a los estados nacionales por supuestas prácticas discriminatorias. Es un instrumento que se emplea en tratados de inversiones internacionales. Si un inversionista de un país (el "estado de origen") invierte en otro país (el "estado anfitrión"), (ambos habiendo aceptado el ISDS) y el estado anfitrión viola los derechos otorgados al inversionista en virtud del tratado, entonces eso el inversionista puede llevar el asunto ante un tribunal arbitral. 

Tribunales

Los tribunales de inversión están compuestos por tres árbitros (a menos que las partes acuerden de otro modo). Uno es designado por el inversionista, otro por el estado, y el tercero generalmente es elegido por acuerdo entre las partes o sus árbitros designados o seleccionado por la autoridad nominadora, dependiendo de las reglas de procedimiento aplicables a la disputa. Los árbitros son abogados especializados en derecho comercial, no jueces de plena dedicación por eso se teme que estos puedan ir en contra del interés público. Para evitarlo, el enfoque de la Comisión Europea en sus tratados que firma es  incluir una lista de árbitros previamente acordada entre la UE y la otra parte.

Ejemplos:

Según la International Bar Association (IBA), los estados han ganado un mayor porcentaje de casos de ISDS que los inversores, y que alrededor de un tercio de todos los casos terminan en un acuerdo.  Los inversores reclamantes, cuando tienen éxito, recuperan en promedio menos de la mitad de las cantidades reclamadas. IBA señala que "solo el 8 por ciento de los procedimientos de ISDS son iniciados por corporaciones multinacionales".  

Según un documento de trabajo de mayo de 2011, "En términos de victorias y derrotas, [EE. UU.] Nunca perdió un caso como país demandado. Por otra parte los inversores estadounidenses ganaron 15 casos, perdieron 22 casos y resolvieron 14 casos. En términos de desempeño con respecto a los países en desarrollo, los inversores estadounidenses han ganado 14 casos y perdido 17.

Ejemplo de caso en el que el gobierno perdió la disputa (Ethyl Corporation v. Canadá)

En abril de 1997, el parlamento canadiense prohibió la importación y el transporte de MMT, un aditivo de gasolina, por la preocupación de que representa un riesgo significativo para la salud pública. Ethyl Corporation, el fabricante del aditivo, demandó al gobierno canadiense bajo el Capítulo 11 del TLCAN por $ 251 millones, para cubrir las pérdidas resultantes de la "expropiación" tanto de su planta de producción de MMT como de su "buena reputación".

Caso en el que el gobierno ganó  (Philip Morris v. Uruguay)

El caso Philip Morris v. Uruguay comenzó el 19 de febrero de 2010, cuando la multinacional tabacalera Philip Morris International presentó una queja contra Uruguay en busca de daños por  25 millones de dólares. La compañía se quejó de que la legislación anti-tabaco de Uruguay devaluó sus marcas comerciales e inversiones en el país y basó su demanda en el tratado bilateral de inversión entre Suiza y Uruguay. El Centro Internacional para la Solución de Controversias de Inversión (CIADI), una parte del Banco Mundial decidió que tenía jurisdicción el 2 de julio de 2013  y tres años más tarde falló a favor de Uruguay, ordenando a Philip Morris que pague a Uruguay $ 7 millones, además de todos los costos de la corte.

"Es un sistema que funciona"

Los defensores del ISDS aseguran que este sistema no solo sirve para poner en su sitio a presidentes codiciosos, sino que también ha estimulado la inversión en países pobres, contribuyendo así al desarrollo económico global. Algunos, incluso, dicen que ayuda a evitar las políticas autoritarias y los tensos enfrentamientos internacionales, ya que esta red actúa como foro de discusión

Las empresas pueden demandar y ganar solo cuando; El gobierno expropia sus activos sin compensación justa o; el gobierno actúa de manera discriminatoria a las compañías extranjeras (favoreciendo a las compañías nacionales sobre las extranjeras) o cuando el gobierno actúa "de mala fe" contra una empresa extranjera (leyes que desproporcionadamente y con prejuicio se dirigen a empresas extranjeras). De todos modos, eso solo les permite demandar por una compensación financiera. No les da ningún poder sobre la legislación.

Un último argumento que emplean los defensores es que el ISDS es necesario como una forma de asegurar que las naciones que participan en un acuerdo comercial realmente cumplan con ese acuerdo comercial.